La Ley Informe de entrega 
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Voces: ASISTENCIA MEDICA ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DEBER DE INFORMACION ~ MALA PRAXIS ~ MEDICO ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE ASISTENCIA MEDICA ~ RESPONSABILIDAD MEDICA 
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C(CNCom)(SalaC) 
Fecha: 08/09/2006 
Partes: M., M. E. c. Sanatorio Colegiales y otros 
Publicado en: LA LEY, con nota de María Fabiana Compiani - LA LEY 2007-A, 468, con nota de María Fabiana Compiani - LA LEY - LA LEY 2007-B, 813 - ED - RCyS 2008-I, 40, con nota de Juan Manuel Prevot 
HECHOS:  
La actora demandó por los daños y perjuicios derivados de una negligente atención médica recibida cuando tras ser internada en el establecimiento asistencial demandado para tratar una hernia de disco se le produjo un enfisema subcutáneo por una falla en el entubamiento anestésico realizado para la operación. El juez de primera instancia rechazó la demanda al considerar que el accidente se produjo por un hecho fortuito y no por una mala praxis. La Cámara revocó la sentencia apelada y admitió la demanda.  

SUMARIOS: 
1. Es procedente la demanda por los daños y perjuicios derivados de la deficiente atención médica recibida por la actora cuando al ser internada en el establecimiento asistencial demandado para tratar una hernia de disco sufrió un enfisema subcutáneo, pues, si bien es cierto que su condición de fumadora incidió en el resultado final por presentar mayor vulnerabilidad, dicha lesión era previsible y no fue debidamente informada a la actora en la etapa previa a la intervención quirúrgica, y ello implicó una omisión imputable a los demandados, ya que esa información era necesaria a fin de que la actora pudiera evaluar el requerimiento de medios alternativos de anestesia o, incluso, desistir de la intervención. 
2. Los establecimientos asistenciales son responsables por los perjuicios que sufran los pacientes que allí concurren como consecuencia de una deficiente atención médica, porque si dichos establecimientos prevén y desarrollan una organización para la prestación del servicio de salud, y dentro de ese contexto se valen de la actividad de un cuerpo de profesionales y de personal auxiliar para ejecutar la prestación que han tomado a su cargo, deben procurar que el sistema funcione en plenitud, y en su caso, responder por las fallas que se produzcan. 

TEXTO COMPLETO: 
El doctor Monti dijo: 
I-. Viene apelada por la actora la sentencia de fs. 530/550, mediante la cual la primera sentenciante rechazó la demanda entablada por M. E. M. contra Sanatorio Colegiales S.A., C. E. N. y C. R., por los daños y perjuicios de lo que consideró una negligente atención médica recibida tras ser internada en aquel establecimiento asistencial. 
II-. Al demandar, la actora narró que el 25.09.96, por indicación del médico traumatólogo, Dr. N., fue internada en el Sanatorio Colegiales, con el fin de que se realizara una cirugía para tratar una hernia de disco en su cuarta y quinta vértebra lumbar. Indicó que en la operación intervinieron los Doctores N., H. y el anestesista C. R.. Refirió que luego de la operación fue trasladada "con un hilo de sangre" a terapia intensiva porque se le había diagnosticado enfisema subcutáneo, con lesión longitudinal con comunicación extratraqueal abarcativa de los cuatro anillos traqueales, producido por una falla en el entubamiento anestésico realizado para la operación. Señaló que la falta de percepción de la lesión se habría producido por un error inexcusable cometido por los médicos, que actuaron con negligencia e impericia, causándole un grave riesgo en su vida y posteriores trastornos en la aereación y en el habla. Dijo que había padecido un extenso postoperatorio, situación que le produjo limitaciones laborales y un cuadro de angustia y zozobra. Como perjuicios la actora adujo "daño moral", "daño emergente" y "lucro cesante", reclamando un resarcimiento total de $93.700 (ver demanda de fs. 21/28). 
III-. Los codemandados se opusieron al progreso de la acción: El Sanatorio Colegiales S.A. lo hizo fundando su defensa en que en la operación no se había producido ninguna lesión. Negó que hubiera mediado una falla en la colocación o retiro del tubo endotraqueal y señaló que, dada la condición de riesgo de la paciente (Fumadora, Asa II), se le había suministrado propofol con el fin de evitar complicaciones respiratorias. Afirmó que la lesión se había producido luego de la operación cuando la Sra. M. realizara esfuerzos para contener su vómito. Destacó que la actora había sido trasladada a terapia intensiva para mejor control y prevención. Señaló que los síntomas no fueron graves y que la paciente presentaba buena ventilación, fonación y que el tratamiento médico había sido avalado por el Dr. Perrone, a quien la actora había consultado en forma particular (ver fs. 34/43). 
El Dr. N. (ver fs. 52/55) basó su argumentación en que la relación médico-paciente es una obligación de medios y que, en consecuencia, correspondía a la actora probar la culpa a él atribuida. Señaló que no había mediado en el sub lite un supuesto de mala praxis médica, por lo que solicitó el rechazo de la demanda. A todo evento, pidió que, en su caso, se morigeren los importes pretendidos por cada rubro y añadió que el tratamiento psicológico debe incluirse dentro del reclamo por daño moral, el que además considera inadmisible. 
A fs. 79/90 se presentó C. R. Dijo que al iniciar o finalizar la intubación no hubo una maniobra negligente que le fuera imputable. Señaló que, dadas las características de fumadora crónica de la actora, dicha circunstancia había favorecido el cuadro de hipertensión, que originó el desgarro, como consecuencia del cual apareció el enfisema subcutáneo. Dijo que si la lesión en la tráquea hubiera sido producida por un mal entubamiento, aquella habría tenido un tamaño de 4 ó 5 cm en lugar de 3,5 mm. Por último, cuestionó los rubros indemnizatorios reclamados por la actora. 
Las compañías de seguros citadas en garantía, Compañía Argentina de Seguros Visión S.A. y Florencia Compañía Argentina de Seguros Generales, se opusieron al progreso de la acción a fs. 72/3 y 103/5, respectivamente. 
IV-. La juez de primera instancia tomó en consideración el resultado de la peritación realizada por el cuerpo médico forense. Con sustento en ese informe, la sentenciante consideró que el tubo endotraqueal — que era el que se utilizaba usualmente—  no tenía un diámetro excesivo y que la intervención quirúrgica, los medicamentos y las técnicas utilizadas habían sido las correctas. En consecuencia, concluyó que los vómitos postoperatorios habrían terminado de perforar la tráquea y produjeron el enfisema relatado en la historia clínica de fs. 84. Agregó que, según habían señalado los expertos, la lesión en la tráquea por la intubación endotraqueal resultaba una complicación posible en una paciente que fumaba cuarenta cigarrillos diarios y que tenía un debilitamiento en los tejidos de su aparato respiratorio. La jueza consideró también las conclusiones de los expertos para manifestar que la actora no había presentado un neumotórax bilateral que pondría en riesgo su vida. Añadió que el cuadro de depresión y de angustia que padecía la Sra. M. no tenía un nexo causal con el evento ocurrido. En consecuencia, concluyó que el accidente se había producido por un hecho fortuito y no por una mala praxis médica; por lo que rechazó la demanda in totum. Por último, distribuyó las costas en el orden causado habida cuenta el carácter fortuito del episodio y que la actora pudo creerse con derecho a demandar. 
V-. Apelaron la actora y el codemandado R.. La actora expresó agravios en fs. 604/613, el que mereció la réplica del codemandado R. en fs. 622/640 y de la sindicatura del concurso de Sanatorio Colegiales S.A. en fs. 641/642. Toda vez que el codemandado R. omitió fundar su recurso en esta alzada, corresponde declararlo desierto (cfr. art. 266 del Código Procesal). 
Al fundar su recurso, la actora señala que fumaba sólo cuatro o cinco cigarrillos diarios, por ello cuestiona la valoración de la historia clínica en cuanto a su condición de fumadora excesiva. Agrega que, en su caso, los médicos debieron arbitrar los recaudos necesarios que requería una paciente de esas características por lo que concluye que el accidente sufrido no podría considerarse un "caso fortuito". Funda la responsabilidad de los profesionales médicos en los artículos 902 y 512 del Código Civil, pues en razón de sus conocimientos debieron adoptar las previsiones necesarias ante una "paciente de riesgo" y debieron acreditar la existencia del caso fortuito por ellos alegado. Agrega que los médicos incumplieron el deber de información que les impone la ley de ejercicio profesional, toda vez que no le informaron por escrito el presunto riesgo que tendría la intervención quirúrgica dada su situación de fumadora. Señala que los peritos de autos precisaron "... que en virtud de alguna de estas maniobras el tubo traqueal pudo haberse movido y el manguito lesionar parte de la mucosa del músculo traqueal...". Así, concluyó que hubo un incumplimiento de los deberes de cuidado y previsión por parte de los médicos y de la obligación de garantía que recaía sobre el sanatorio. 
VI-. A tenor de los hechos antes reseñados, corresponde examinar si concurren en el sub lite los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad a los aquí demandados. 
Nos hallamos ante un caso complejo, que exige examinar los diversos factores que pudieron incidir en un resultado desfavorable para la salud de la actora. Se trata, como es propio de estos casos, de encarar la determinación del nexo causal y la imputación de las consecuencias posibles de los hechos con relevancia jurídica (ver al respecto esta Sala en el fallo "De Camillis, Olga Catalina c/Clínica Espora y otro s/sumario", del 18.11.05). 
Según las constancias que obran en la historia clínica, la actora fue internada en el Sanatorio Colegiales para ser operada por una hernia de disco en su cuarta y quinta vértebra lumbar. Transcurridas dos horas de la operación egresa con un enfisema, presentando una lesión longitudinal con comunicación extratraqueal que abarcaba cuatro anillos traqueales (ver fs. 12), cuadro que requirió tratamiento en terapia intensiva y que prolongó la internación. Ante ese resultado inesperado se hace necesario recorrer el iter previo a fin de establecer qué grado de incidencia cabe atribuir a los antecedentes de tabaquismo de la actora, dato éste que aparece como principal explicación en los dictámenes periciales, y si en ese contexto se insinúa un obrar negligente en la actividad desplegada por los profesionales médicos — incluyendo el anestesista—  que habría incidido en el resultado descripto (lesión en la tráquea). 
En primer término, parece oportuno precisar qué significa la expresión enfisema, que en una primera acepción aparece referida en textos especializados a: "..una enfermedad pulmonar obstructiva crónica". Una segunda acepción se describe como "Enfisema en partes blandas... situación siempre patológica que refleja la salida de gas de algún órgano o vísceras huecas, o bien la producción de gas por gérmenes productores de gas. El enfisema más frecuente es el de la pared torácica, como consecuencia de fracturas costales que hieren la superficie pulmonar, provocando la salida de aire que se aloja en las partes blandas de dicha pared. Otras causas son las perforaciones esofágicas y traqueobronquiales, que producen el enfisema mediastínico..." (cfr. Diccionario de Medicina Legal, Universidad de Navarra, Ed. Espasa, pág. 426/427, España, 1999). En esta segunda acepción parece ubicarse el tipo de lesión de que se trata, cuya etiología y características aparecen descriptas así: "El enfisema mediastínico agudo, conocido clásicamente por la presencia de aire en el espacio mediastínico... además de producirse como consecuencia de traumatismos torácicos (enfisemas postoperatorios, traumáticos) puede ocurrir tras un esfuerzo (tos, defecación, trabajo físico, parto) y acompañarse, o no, de neumotórax espontáneo. Finalmente, en algunos casos, no existe vinculación a esfuerzos ni afecciones concomitantes" (ver. "Medicina Interna", Dir. C. Rozman, decimotercera edición, Mosby-Doyma Libros, Madrid, España, 1995, pág. 848). 
En el caso, la etiología del enfisema padecido por la actora no resulta del todo esclarecido por los peritajes obrantes en la causa. Tomando como punto de partida el dictamen producido por el Cuerpo Médico Forense a instancias de la juez — el que aparece más completo y minucioso— , se advierte que en algunos pasajes citados en la sentencia se alude a la ausencia de mala praxis. Tal aserto se basa en que, según las constancias de los protocolos respectivos examinados por los peritos, las prácticas hechas a la Sra. M. — esto es la intubación para aplicar anestesia durante el acto quirúrgico—  aparecían adecuadas. Pero es claro que los expertos no estuvieron en el quirófano y no pudieron visualizar el modo como aquellas maniobras de los encargados de la anestesia se desarrollaron en concreto. 
Ahora bien, el cuerpo de peritos forenses advirtió también sobre el tabaquismo como un factor gravitante en la generación del enfisema a raíz del debilitamiento de los tejidos del aparato respiratorio que afecta a los fumadores. En tal sentido dice el informe pericial que: ".... los fumadores importantes pueden tener exceso de tos y son proclives a padecer lesiones traqueales..." (ver fs. 368), aspecto éste sobre el que volveré en el siguiente apartado. 
Sin embargo, también se advierte en el citado dictamen que es posible que la perforación de la pared membranosa (pared posterior a la tráquea) tuviera su origen en la manipulación del tubo endotraqueal. Dicen los peritos: "... la causa de la ruptura de la pared membranosa (pared posterior de la tráquea) fue de naturaleza traumática, posiblemente causada por el tubo endotraqueal durante el cambio de posición de la paciente de decúbito ventral, a decúbito dorsal, luego de la cirugía. En este momento la lesión no debería ser totalmente penetrante comunicando la luz traqueal con el mediastino, se infiere que los vómitos post-operatorios terminaron de perforar la tráquea y producir el enfisema que se relata en la historia clínica a fs. 84, a las 22 hs. Habiendo sido operada de las 19.30 a 20.30 hs según fs. 76. El manguito endotraqueal insuflado pudo haber sido la causa de la lesión descripta en la presente causa.." (ver fs. 361). 
VII-. Por otra parte, si como surge de su historia clínica la actora tenía antecedentes de "fumar varios cigarrillos diarios", por lo que era proclive a tener complicaciones en la operación, tal eventualidad debió ser prevista por los médicos que la asistieron en la intervención quirúrgica. En efecto, parece ser un valor entendido en los estudios sobre esta materia que "el tabaquismo aumenta seis veces las complicaciones postoperatorias y que la falta de aceptación de la suspensión del tabaquismo puede ser premonitoria de otras fallas de adaptación de los pacientes a las necesidades postoperatorias y debe ser tenida especialmente en cuenta, sobre todo ante procedimientos complejos..." (ver Esteva, Hugo, "Prevención y Manejo de las complicaciones de la cirugía torácica", pág. 42, Ed. Educa, Bs.As., 2003). 
A esta altura, cabe señalar que aunque la actora haya alegado la omisión del consentimiento informado recién al expresar agravios, lo cierto es que el mayor riesgo proveniente de su condición de fumadora habitual fue un hecho invocado por los demandados como uno de los ejes de su defensa en autos (ver contestación de demandada de fs. 34/43 y 79/90). Por consiguiente, a ellos incumbía probar que el conocimiento de ese mayor riesgo había sido transmitido a la paciente antes de la intervención. No es necesario decir que, desde un punto de vista dinámico de las cargas probatorias, la parte demandada se encontraba en mejores condiciones de probar que había informado a la actora de los riesgos que podría padecer en la operación en cumplimiento del deber legal impuesto por el art. 19 de la ley 17.132, en cuanto dispone que el médico debe informan al paciente del tratamiento que se le realizará y de sus consecuencias. 
Se ha dicho que a los fines de obtener el consentimiento del paciente, el médico debe informarle sobre su estado de salud, tratamiento aconsejable, los pro y los contra, tratamientos alternativos (si los hay), etc. El facultativo está capacitado, desde el punto de vista científico, para brindar la información médica pertinente, y desde la mira o el interés del paciente por lo que éste le expresó acerca de su dolencia. Luego de brindársele una suficiente información referida al procedimiento o la intervención quirúrgica que se le propone, el paciente debe voluntariamente prestar su conformidad (cfr. Garay, Oscar Ernesto; "Código de Derecho Médico", pág. 131/133, Ed. Ad-Hoc., Bs.As., 1999). 
¿Contó la actora con esa necesaria información acerca del riesgo que implicaba en su situación (fumadora habitual) el tipo de anestesia utilizada y, particularmente, su forma de aplicación y la práctica que involucraba? Es este un extremo que tampoco aparece esclarecido debidamente. Pero es claro que quien estaba en mejores condiciones de corroborarlo era la demandada, en cuyos registros documentales no se han hallado constancias al respecto, lo que, dado el riesgo adicional que el método a aplicar suponía, da margen a una presunción negativa en punto a la efectiva concreción de la información previa requerida en el caso. 
El dato no es menor ni indiferente y tiene cierta relevancia para la solución que se adopte en el caso. Así lo demuestra una reciente sentencia de la Corte de Casación Italiana, donde se indicó que: "... la diligencia o no en la ejecución del tratamiento (terapéutico radiante) no reviste implicancia alguna a los fines de tener por constatada la violación del consentimiento informado. Pues la conducta dañosa subsiste por la sencilla razón de que el paciente, a causa del déficit de información, no ha sido puesto en su condición de asentir. libre y voluntariamente su tratamiento, (...), con plena y cabal conciencia de las posibles consecuencias nocivas que éste le pueda acarrear. Por consiguiente, en el plano del daño consecuencia, constatado el solo empeoramiento de la salud e integridad física del paciente, es del todo indiferente indagar acerca de la debida ejecución de la prestación terapéutica" (Corte de Casación, Italia, Sección III Civil, en La Ley, diario del 23.08.06., pág. 7, con nota de Juan Manuel Prevot). 
Si bien el criterio del alto tribunal italiano no podría trasladarse sin más al sub lite, constituye un antecedente de relieve en el derecho comparado y proporciona un parámetro más para valorar la gravitación en el caso de la falta de constatación de una debida y suficiente información previa a la paciente. 
VIII-. Todos los datos hasta aquí reseñados, que emergen de las constancias de la causa, deben ser tenidos en cuenta a la hora de efectuar el pronóstico póstumo que, según Orgaz, debe llevar a cabo el juez en la teoría de la causalidad adecuada, consistente en "retroceder mentalmente hasta el momento de la acción u omisión a fin de establecer si ésta era o no idónea para producir el daño" (Alfredo Orgaz, "El daño resarcible", M. Lerner, Córdoba, 1992, p. 44). 
A mi ver, el conjunto de elementos que se han colectado en el sub lite llevan a la convicción que en el proceso que afectó a la actora existieron diversos factores que de un modo u otro han coincidido en la producción del resultado materia de reclamo. El grado de incidencia causal que es dable atribuir a esos factores exige una delicada tarea de ponderación de cada uno a la vez que su inserción en un panorama de conjunto que refleje el contexto fáctico en que se operó el desenlace dañoso. 
En tal sentido, en los casos en que se debate la responsabilidad por mala praxis médica, constituye una prueba de significativa relevancia el dictamen de los peritos médicos, y con mayor razón cuando ha sido confiado al Cuerpo Médico Forense. Sin perjuicio de ello, no es pertinente descartar la importancia que pueden alcanzar en ciertos supuestos los concomitantes elementos indiciarios serios, precisos y concordantes (cfr. CNFed. Civil y Comercial, Sala II, "O. de B. E.S. y otros c/Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. y otros", del 14.04.97). 
Volviendo al sub examen, es cierto que los antecedentes de la actora, dada su condición de fumadora, debieron incidir en el resultado final, por presentar mayor vulnerabilidad en la tráquea y ser proclive a padecer lesiones (ver fs. 368). Pero no lo es menos que el enfisema subcutáneo parece haberse originado en una lesión de naturaleza traumática, posiblemente causada por el tubo endotraqueal durante el cambio deposición de la paciente en la operación (ver fs. 361). Tal desenlace, aunque previsible y al parecer efectivamente previsto en el caso (ver manifestaciones de los demandados al contestar demanda) no habría sido debidamente informado a la actora en la etapa previa a la intervención quirúrgica, pese a tratarse de una operación programada, lo que implicó una omisión imputable a los demandados (cfr. art. 904 C. Civil), ya que esa información era necesaria a fin de que la actora pudiera evaluar el requerimiento de medios alternativos de anestesia o, incluso, ante el riesgo desistir de la intervención. 
Frente a este cuadro de factores coincidentes, la sentencia de grado calificó el episodio como un caso fortuito, calificación tal vez tendiente a suplir ciertos vacíos o hiatos en el pleno conocimiento de los hechos. Sin embargo si — como se ha visto—  la lesión podía preverse, es éste un dato que no se compadece con la noción misma de caso fortuito, definido en el art. 514 del Código Civil. Podría decirse que, aunque previsible (y prevista) la lesión no habría podido evitarse, tal vez por cierta predisposición en los tejidos de la actora como consecuencia de tratarse de una fumadora habitual, circunstancia que aumentaba el riesgo de enfisema. Pero, en tal caso, esa eventualidad de un riesgo adicional debió ser objeto de una adecuada información a la actora, previa al acto quirúrgico. 
De todos modos, aun soslayando la omisa advertencia y computando la incidencia concausal del tabaquismo de la actora, así como cierto grado de incertidumbre en el devenir causal — no debidamente esclarecido— , resta el posible origen traumático de la lesión, causada por el tubo endotraqueal ante el cambio de posición de la paciente, sucesivamente agravado por los vómitos post-operatorios de ésta (ver dictamen pericial de fs. 361). Este dato que se revela como una falla en la manipulación del tubo endotraqueal, no puede ser soslayado, al menos en el grado de incidencia causal que prudentemente quepa asignarle. En tal sentido, estimo apropiado establecer esa incidencia en un 30%, porque esa es la proporción que, en las circunstancias del caso, parece razonable atribuir a la falta médica imputable a los demandados (cfr. arts. 512, 902 y concs. del Código Civil) en el padecimiento que motivó el reclamo de la actora. 
En estos términos corresponderá admitir el recurso y, en la medida expuesta, hacer lugar a la demanda, declarando la responsabilidad solidaria de los médicos intervinientes aquí demandados y modificando la sentencia con ese alcance. 
IX-. Configurada así la responsabilidad de los profesionales intervinientes, cabe también estimar la que concierne a la clínica demandada. En tal sentido, tiene dicho esta Sala ("in re" "Billordo, Edmundo c. Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A.", sentencia del 15.5.97) que los establecimientos asistenciales son responsables por los perjuicios que sufran los pacientes que allí concurren, como consecuencia de una deficiente atención médica. Porque si dichos establecimientos prevén y desarrollan una organización para la prestación del servicio de salud, y dentro de ese contexto se valen de la actividad de un cuerpo de profesionales y de personal auxiliar para ejecutar la prestación que han tomado a su cargo, deben procurar que el sistema funcione en plenitud y, en su caso, responder por las fallas que se produzcan y los daños ocasionados a los destinatarios de esa prestación. 
En efecto, como he venido sosteniendo desde hace tiempo en esta materia ("Formas de organización y responsabilidad de las empresas de la salud", Ad-Hoc, Buenos Aires 1999, p. 185), sea sobre la base de la tradicional teoría de la culpa in eligendo e in vigilando (ver Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil, "Obligaciones", Perrot, Bs. As., 1982, t. IV-A, p. 265, nro. 2460), o de las más cercanas en el tiempo, que giran en torno de la idea de un deber de "garantía" del principal respecto del obrar de sus dependientes, o de una "obligación tácita de seguridad" que se considera accesoria de la principal concerniente a la atención médica prometida (ver: Jorge Bustamante Alsina, "Responsabilidad Civil", p. 468; Alberto J. Bueres, "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos", p. 26 y ss.; entre otros), o bien partiendo de la equivalencia entre el comportamiento del obligado y el de los "sustitutos" que aquél utilice para el cumplimiento de sus obligaciones (ver: Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires in re "Milton Pérez v. Clínica Central", 22-XII-1992, J.A., boletín del 14-VII-1993, p. 57), lo cierto es que hoy prevalece en la doctrina y la jurisprudencia un parecer coincidente en atribuir responsabilidad al establecimiento médico en estos casos. 
En suma, por cuanto se ha expuesto, considero que corresponde declarar la responsabilidad solidaria del Sanatorio Colegiales S.A. - hoy "Desarrollos de Salud S.A.", en la proporción antes indicada, esto es en un 30%. 
X-. En cuanto al monto de la condena, teniendo en cuenta lo reclamado por la actora en su demanda (ver fs. 21/28), cuanto surge de autos y la proporción en que ha de prosperar su reclamo respecto de los aquí demandados, se determinan a continuación los importes correspondientes a los diversos rubros en tanto se estimen procedentes. 
En lo concerniente al daño emergente y lucro cesante, cabe señalar que el enfisema que padeció la actora, además de la atención adicional que demandó en una sala de cuidados intensivos, produjo una dilación en la internación. Para proyectar las consecuencias patrimoniales de ese menoscabo debe tenerse particularmente en cuenta que, al momento de la intervención quirúrgica, la actora tenía 52 años y trabajaba para mantener a su familia, ya que era viuda; en ese contexto debe ponderarse el mayor tiempo que estuvo en el sanatorio para recuperarse de la lesión sufrida. Por consiguiente, sobre la base del monto reclamado por ambos conceptos — daño emergente y lucro cesante— , la medida de la responsabilidad atribuida a los aquí demandados y lo dispuesto por el art. 165 del Código Procesal, estimo razonable fijar la indemnización portales rubros en la suma de $10.000. 
También corresponde admitir la indemnización por daño moral, que tiende en estos casos a reparar los padecimientos acaecidos durante la intervención médica, el período de recuperación y sus secuelas, involucrando 
la alteración de los estados de ánimo, la ansiedad y la angustia que en tales situaciones suelen sobrevenir al paciente. En el caso, la actora se vio expuesta a un episodio que complicó el postoperatorio, motivando su derivación a terapia intensiva y prolongando su internación por un lapso más extenso que el que requería la operación de hernia de disco. En tales condiciones, manteniendo la proporción antes indicada, estimo razonable fijar por este concepto la suma de $4000. 
En cuanto al alegado daño psicológico, el cual no debe quedar subsumido dentro del resarcimiento por daño moral pues entraña una entidad propia y diferenciada de aquél, cabe señalar que el Cuerpo Médico Forense de la Corte indicó que "... la actora padece a raíz de los acontecimientos que se ventilan en autos y desde el punto de vista psicopatológico una Neurosis depresiva grado II con una incapacidad en tal concepto del 10% con arreglo al Baremo Nacional decreto 478/98..." (ver fs. 349) y aconsejó "... una psicoterapia de apoyo breve (3 a 6 meses aprox.) a razón de una sesión semanal con un costo estimado de $50 por entrevista" (ver fs. 350). Por ello, estimo razonable fijar una indemnización para este rubro de $800. 
Las sumas antedichas devengarán intereses desde el día en que se realizó la operación (doctrina del Plenario de la Cámara Civil "Gómez, Esteban c/Empresa Nacional de Transportes", del 16.12.58, LA LEY, 93-667/684), a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, conforme la doctrina plenaria del fuero ("in re" "S.A. La Razón s/quiebra s/inc. de pago a los profesionales" (art. 288), del 27-X-94, pub. ED. 160-205; LA LEY, 1994-E, 412). 
XI-. Teniendo en cuenta la solución que propicio, deberá adecuarse el régimen de las costas (art. 279 del Código Procesal). Por ello, propongo su imposición en ambas instancias a las partes demandadas, solución compatible con el criterio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del Código Procesal). El hecho de que alguno de los pedidos indemnizatorios no fuesen admitidos o no lo fueren en su integridad, no obsta a dicha conclusión, toda vez que, como ha sostenido esta Sala en reiteradas oportunidades, en los reclamos por daños y perjuicios las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hubieran progresado sólo parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (ver esta Sala en "in re" " Enrique Zenni y Cía. S.A. c. Madefor S.R.L. y otro s/ordinario", del 14.02.91; íd. "Pérez, Esther Encarnación c. Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/sumario", del 02.02.99, entre muchos otros). 
XII-. Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, deberá revocarse la sentencia apelada y admitirse la demanda con el alcance que surge de los considerandos precedentes. Las costas de esta instancia serán también a cargo de los demandados vencidos (cfr. art. 68 del Código Procesal). 
Por análogas razones el doctor Caviglione Fraga adhiere al voto anterior. 
Por los fundamentos del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se admite la demanda con el alcance que surge de los considerandos precedentes. Con costas de ambas instancias a los demandados vencidos (cfr. art. 68 del Código Procesal). 
El doctor Di Tella no suscribe el presente por encontarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). —  José L. Monti. —  Bindo B. Caviglione Fraga. 

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